Bolsonaro admite la posibilidad de ir a prisión preventiva por «inseguridad jurídica»

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, enjuiciado penalmente por supuestamente liderar un complot para dar un golpe de Estado contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, admitió este miércoles la posibilidad de ir a prisión preventiva por la «inseguridad jurídica» que, según él, existe en Brasil.

«La posibilidad existe, vivimos en una completa inseguridad jurídica», dijo Bolsonaro en una entrevista a la red AuriVerde, un canal de YouTube dirigido a una audiencia de extrema derecha.

El exmandatario también afirmó que, de expedirse una orden de detención en su contra, no pretende pedir asilo en ninguna embajada.

El Tribunal Supremo decidió la semana pasada abrir un juicio penal contra Bolsonaro por acusaciones de golpe de Estado y otros delitos, pero el exgobernante será juzgado en libertad.

Bolsonaro solo podría ser arrestado si la corte considera que existe riesgo de fuga, de obstrucción a la justicia o de coacción de testigos.

Las afirmaciones del exmandatario se dieron luego de que se conociera que un magistrado de la Corte Suprema solicitó a la Fiscalía analizar un pedido de prisión preventiva contra Bolsonaro formulado por una concejala del Partido de los Trabajadores (PT), formación que lidera Lula.

La solicitud de la concejala argumenta que Bolsonaro supuestamente cometió un delito de obstrucción a la justicia por haber organizado una manifestación en la que se pidió amnistía para los centenares de bolsonaristas que fueron condenados por golpe de Estado, por haber participado en los ataques a las sedes de los tres Poderes el 8 de enero de 2023.

El líder de la ultraderecha ha convocado otra protesta a favor de la amnistía para el próximo 6 de abril en São Paulo, donde el ex jefe de Estado espera congregar un número mayor de seguidores que en la primera marcha, realizada el 16 de marzo en Río de Janeiro.

Bolsonaro será juzgado por la Corte Suprema junto con otros siete aliados, incluyendo exministros y militares de alto rango, por cinco delitos, entre los ellos golpe de Estado, por los que puede recibir hasta 40 años de prisión.

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